Fundamentos de la riqueza VIII  

La superestructura del mercado: el estado como servicio

Ya hemos visto, cuando nos planteamos la creación de un mercado, cómo su creación era imposible sin crear antes una entidad emisora de moneda con autoridad sobre la totalidad de participantes del mercado.

Un segundo elemento de superestructura sería la entidad bancaria (el prestamista individual hace exactamente la misma función), que sería la encargada de hacer los prestamos iniciales, de realizar las evaluaciones previas y de recuperar en tiempo el dinero prestado.

Es decir, que para poder poner en marcha nuestro marcado hemos tenido que crear previamente una autoridad con, al menos, estas dos atribuciones globales.

Pero pronto nuestros participantes irán descubriendo que necesitan crear nuevas atribuciones que deberán ser acatadas por todos los participantes. Las primeras serán la Ley y el Orden. Y, a continuación, vendrá la Justicia.

Harán falta leyes, como las que ya mencionamos sobre la moneda, su composición la prohibición de alterarla. Sobre las pesas, sobre la obligación de devolver los créditos… Y habrá que organizar un servicio de orden, una policía, para vigilar que se cumplan las leyes, de que no haya ladrones, de que haya orden en el mercado… Y a continuación vendrán las situaciones confusas y las discusiones sobre el cumplimiento de los acuerdos, las zonas grises, ya habrá que establecer un mecanismo que dirima los conflictos y ya tenemos a la justicia.

Pero rápidamente vendrán más. Habrá que organizar estructuras para el mercado, sitios donde cobijar los animales, vías de comunicación abiertas para llegar al mercado… En cuanto pongamos en marcha el mercado, inevitablemente, tendremos que crear una autoridad que se ocupe de mantener el entorno en el cual es posible dicho mercado.

Pero esta Autoridad tiene unas características especiales que no tienen el resto de los participantes del mercado:

-          Algunas de sus funciones son, por su propia naturaleza, exclusivas. No puede haber varias autoridades monetarias, como no puede haber varias autoridades legislativas o judiciales, porque el mercado no funcionaría. No es posible que, en caso de un litigio, cada uno de los individuos enfrentados decida elegir su propio juez amigo, con lo que desaparecería la función básica de la justicia que es la capacidad de imponer una solución.

-          Sus funciones son coercitivas, es decir, de obligado acatamiento por todos los intervinientes en el mercado, como no puede ser de otra forma.

Lógicamente, el ejercicio de estas funciones de la Autoridad conlleva un costo material, en bienes y servicios, cuyo valor deberán proveer, obviamente, entre todos los participantes en el mercado.

Pero aquí aparece el gran problema de la existencia de la Autoridad. Puesto que sus funciones son exclusivas y coercitivas, el valor de la riqueza que aporta no se fija de mutuo acuerdo entre las partes, sino de forma unilateral por parte de dicha Autoridad. Y es esa doble capacidad, la de definir servicios de obligada compra y fijar su precio arbitrariamente, lo que origina su mayor disfuncionalidad.

Para visualizarlo mejor, volvamos a calcular nuestro PIB, teniendo en cuenta ahora el valor de la riqueza aportada por la Autoridad, a la que llamaremos, por simplificar, por su forma generalizada actualmente: el estado.

Puesto que el PIB es la suma del valor de los bienes y servicios intercambiados, tendremos que incluir en él el valor de los intercambios con el estado. Pero, mientras que en el mercado el valor representa una riqueza establecida de común acuerdo entre las partes, en el caso del estado no es así, por lo que la relación entre valor y riqueza se rompe.

Veamos un ejemplo

Supongamos que el estado, en aras de una mejor comprensión del funcionamiento del mercado por parte de los intervinientes y para formación de las generaciones futuras de individuos, decide construir un museo del mercado. Antiguas leyes, fotos, etc. Evidentemente, el funcionamiento de este museo tiene un costo anual en instalaciones, personal, infraestructura, adquisiciones, etc., costo que irá a incrementar nuestro PIB.

No habría ningún problema si el museo fuese un servicio ofrecido de forma privada. El museo cobraría una entrada a los visitantes y con esos ingresos haría frente a sus gastos. Si sus ingresos fueran menores debería hacer frente a reducciones de gasto sea con menos personal, abriendo menos días, con reducciones de horario o cerrando.

Pero, al ser del estado, el museo puede seguir abierto, aunque no haya ningún visitante interesado en verlo y, menos aún, en dar valor al servicio mediante el pago de una entrada. Por lo tanto, nos encontramos con un aumento del PIB que no se corresponde con un intercambio de riqueza o, lo que es lo mismo, estamos falseando el PIB al alza.

Aportación del estado al PIB

Dada la peculiaridad del estado de poder fijar valor unilateralmente a sus servicios y recabar ese valor por la fuerza, al final nos encontraremos con que la aportación de valor del estado puede ser de varios tipos:

Servicios inherentes al estado

Son aquellos que el estado debe suministrar necesariamente para que el intercambio de bienes y servicios entre individuos funcione. Ya hemos visto algunos: la moneda, la justicia, el orden, la ley y algunos más. De hecho, cuando un estado no provee esos servicios mínimos hablamos de un estado fallido.

Servicios universales esenciales

Son servicios que, sin ser inherentes al estado, este considera que deben estar disponibles para todos los individuos de nuestro mercado, por lo que los impone al conjunto, fija un precio a esos servicios y lo recauda coercitivamente. Puede ser la sanidad, la educación, las comunicaciones, etc.

Al suministrar estos servicios está realizando un intercambio de riqueza que los individuos, al menos una mayoría, querrían comprar, en cualquier caso, por lo que hay un intercambio de riqueza en valor. El problema es cómo se cuantifica ese valor ya que, al fijarse unilateral y arbitrariamente, tiende a elevarse y, en consecuencia, a elevar el PIB artificialmente.

Servicios y bienes no esenciales

Algunas veces, por razones varias, el estado decide prestar una serie de servicios no esenciales, como museos, paradores, teatros, viajes y un largo etc. O adquirir bienes por los que nadie pagaría el valor atribuido por el estado. Basta pensar, por ejemplo, la cantidad de “obras de arte” adquiridas por los museos y el precio que pagan por ello, o las subvenciones y ayudas de todo tipo que se dan a todo tipo de actividades. El problema es que, al hacerlo, está asignando un valor arbitrario a bienes y servicios que, de poder ser negociados libremente, tendrían normalmente un valor menor o incluso nulo.

Vemos por lo tanto que, una vez que el estado interviene en el mercado, el PIB deja de ser un indicador válido, más irreal cuanto mayor es el porcentaje de riqueza aportado por el estado.